Contagiar el COVID-19 No es Delito Contra la Salud Pública

Lo de relacionar los Delitos contra la Salud Pública con conductas que podrían ser más o menos incívicas durante la Pandemia que estamos padeciendo se inició en el ámbito propio del tertuliano, si bien últimamente se ha visto a cargos públicos hacer alusiones a tal tipología delictivo en el mismo sentido. Haremos un breve resumen para explicar en qué consisten:

Los Delitos contra la Salud Pública se encuentran regulados en el capítulo III (Delitos contra la Salud Pública) del título XVII (De los Delitos Contra la Seguridad Colectiva) del Libro II (De los Delitos y sus Penas) del Código Penal; artículos 359 a 378.

El catálogo de conductas que aparece en tales artículos permite que las desglosemos en 5 categorías:

  • Fabricación de Sustancias: La fabricación de sustancias nocivas para la salud o productos químicos, o los venda o suministre o comercie con los mismos, sin contar con la debida autorización administrativa o que contando con la misma comercie, distribuya o suministre dichos productos sin cumplir con las formalidades que se prevean en las leyes y reglamentos para ello (artículos 359 y 360).
  •  Medicamentos y Material Sanitario: fabricar, importar, exportar, suministrar, intermediar, comercializar, ofrecer o poner en el mercado, o almacenar con estas finalidades, medicamentos, tanto de uso humano o veterinario como los que estén en fase de investigación sin la necesaria autorización administrativa exigida por la ley o quien haga lo mismo con productos sanitarios que no dispongan de la documentación que se exige para distribuir los mismos o aun cuando se disponga, si dichos productos se encuentran deteriorados, caducados o no cumplan con las exigencias técnicas relativas a su composición y con ello causare un grave daño a la salud o la vida de las personas.

También quien elabore medicamentos o produzca material sanitario engañando sobre su identidad, características técnicas, composición, fecha de caducidad, lugar de fabricación etc.; o bien quien a posteriori modifique el medicamento o el material sanitario alterando cualquier extremo declarado ante las autoridades.

Igualmente, quien venda, trafique, comercie, regale o facilite de algún modo tales medicamentos o material sanitario (artículo 361 a 362 quater).

  • Doping: quien distribuya, venda o simplemente facilite medicamentos o productos químicos sin que haya ninguna razón terapéutica para ello, y con la única finalidad de aumentar el rendimiento deportivo, a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas. (artículo 362 Quinques).
  • Alimentación: La comercialización y/o distribución de productos alimentarios que contengan productos no autorizados, se encuentren corrompidos, sean nocivos para la salud o se hayan omitido o alterado los requisitos previstos en las leyes para su comercialización; siempre que se ponga en peligro la salud de las personas.

También quien utilice aditivos no autorizados o quienes alimenten o den productos no autorizados a animales que luego serán autorizados para el consumo humano.

También quien envenene o adultere con sustancias infecciosas o que puedan ser nocivas para la salud el agua potable o cualquier sustancia destinada a ser consumida por una totalidad de personas. (artículos 364 y 365).

  • Drogas: Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines. (artículos 368 a 373)

Casi todos los delitos comprendidos en este capítulo se categorizan en lo que se denomina ley penal en blanco, es decir para conocer si se ha cometido el delito o no hay que acudir a la legislación que regula las prácticas comerciales del sector del que estemos hablando, así como la legislación que regula la composición química de cada una de las sustancias para conocer si puede hablarse de la comisión de un delito.

El contagio de enfermedades nunca será un Delito contra la Salud Pública, sino que se tratará de un Delito de Lesiones, a este respecto podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo 1218/2011 de 8 de noviembre, o la Sentencia del Tribunal Supremo 690/2019 de 11 de marzo del 2020.

¿Cómo Funciona el Habeas Corpus?

  • ¿Para Qué Sirve?

El artículo 17 de la Constitución Española dispone lo siguiente: “La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional”.  Cumpliendo con el mandato Constitucional, el legislador reguló dicho procedimiento en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas corpus (BOE de 26 de mayo de 1984). ¿Qué es entonces, y para qué sirve, el Procedimiento de “Habeas Corpus”?

El “Habeas Corpus” es una figura jurídica originaria del derecho anglosajón, cuya finalidad es poner a disposición del Juez a toda persona que se halle detenida, con el fin de que dicho Juez se pronuncie sobre la legalidad de dicha detención, y, por tanto, si dicha situación puede continuar o por el contrario si debe cesar de inmediato.

El Artículo Primero de la LO 6/1984 de 24 de mayo (LOHC) establece en que situaciones se puede considerar que una persona ha sido detenida ilegalmente, y, por tanto, en que situaciones se puede instar el procedimiento. Dicho artículo dispone lo siguiente:

“Mediante el procedimiento del Habeas Corpus, regulado en la presente Ley, se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente.

A los efectos de esta Ley se consideran personas ilegalmente detenidas:

  1. Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las Leyes.
  2. Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
  3. Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las Leyes si, transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.
  4. Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las Leyes Procesales garantizan a toda persona detenida”.

Por tanto, es importante tener en cuenta dos cuestiones, el objeto del procedimiento de Habeas Corpus es cualquier situación en la que un ciudadano se halle privado de libertad por parte del poder público, así pues, se puede presentar en situaciones en que dicha privación de libertad no obedezca a la de una detención policial, y en segundo lugar, que el motivo por el que una situación de privación de libertad puede considerarse ilegal no tiene por qué ser el motivo que la originó, sino que la ilegalidad puede ser sobrevenida; Imaginemos que un ciudadano/a se encuentra cumpliendo pena de prisión y llegado el último día de cumplimiento de la misma dicho ciudadano/a no es liberado por un error burocrático o informático, en dicho supuesto se podría presentar una solicitud de procedimiento de Habeas Corpus para ser inmediatamente puesto a disposición del Juez, quien efectivamente dictaminaría que esa persona debe ser puesta en libertad de inmediato. 

  • ¿Quién Puede Presentar la Solicitud?

Según el artículo 2 de la LOHC el procedimiento podrá ser iniciado por las siguientes personas:

  • La persona Privada de Libertad, su cónyuge (o pareja de hecho), sus hijos, sus padres, sus hermanos y en el caso de menores y personas incapacitadas, sus representantes legales.
  • El Ministerio Fiscal.
  • El Defensor del Pueblo.
  • El Juez competente podrá iniciarlo de oficio si tiene conocimiento de la situación.  

Para la presentación de la solicitud de Habeas Corpus, el Abogado no es obligatorio, tampoco el Procurador.

  • Procedimiento.

El Procedimiento de Habeas Corpus, está configurado como un procedimiento de naturaleza urgente y sumaria, así una vez presentada la Solicitud, el Juez Competente valorará la concurrencia de los requisitos para su tramitación y dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante auto, acordará la incoación del procedimiento, o, en su caso, denegará la solicitud por ser ésta improcedente, cuando no nos encontremos ante un supuesto en el que dicho procedimiento se pueda instar, o cuando sea absolutamente obvio que no existe ilegalidad alguna respecto de la situación de privación de libertad. Dicho auto se notificará, en todo caso, al Ministerio Fiscal. Contra la resolución que en uno u otro caso se adopte, no cabrá recurso alguno.

En caso de que se considere pertinente incoar el procedimiento, el Juez ordenara a la autoridad que tenga bajo su custodia a la persona privada de libertad, que la ponga a su disposición (es decir que la lleve a las dependencias de su Juzgado) o si no fuera posible, él mismo irá al lugar en que se encuentre la persona retenida.

Acto seguido oirá a la persona detenida o en su caso a su representante legal o Abogado (si estuviera nombrado) y también a la Autoridad, Agentes de Policía o en su caso Funcionarios que tuvieran bajo su custodia a quien ha instado la solicitud a fin de que expliquen su actuación. También admitirá las pruebas que sean pertinentes y que presenten las partes respecto a la legalidad o ilegalidad de la situación de privación de libertad, pudiendo inadmitir las que no considere pertinentes, las pruebas deberán ser de naturaleza que pueda practicarse en aquel acto (normalmente la declaración como testigo de alguien involucrado y que esté presente o se pueda citar a la mayor brevedad o la lectura de algún documento que las partes aporten en aquel momento).

El Juez deberá deberá pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la detención en un plazo máximo de 24 Horas a contar desde que se dictó el Auto de Incoación, de ahí que hayamos explicado que se trata de un procedimiento de naturaleza urgente y sumaria.

  • Resolución:

Una vez terminado el procedimiento en los términos que hemos explicado, el Juez Tomará una decisión que plasmará en un Auto, y que será una de las siguientes:

  • Considerar que la situación de privación de libertad es conforme a derecho, y por tanto perfectamente legal, con lo que dicha situación se mantendrá en los términos en los que fue adoptada.
  • Considerar que la situación de privación de libertad no es conforme a derecho, en cuyo caso ordenará la inmediata puesta en libertad si considera que la reclusión es Ilegal o si considera que la situación de privación de libertad es legal, pero que se han vulnerado los derechos de la persona privada de la misma, ordenará que se adopten las medidas necesarias para que sus derechos sean respetados, pudiendo incluso decretar el cambio del establecimiento en el que se encuentre interno, o la sustitución del personal que estaba encargado de la custodia.

Si Considera que, además, en dicha infracción de derechos se ha cometido algún delito por parte de los funcionarios actuantes, ordenara deducir testimonio de particulares (esto es remitir una copia del expediente al decanato) para que el Juzgado al que por turno de reparto le corresponda, pueda investigar los hechos de manera independiente).

Si se hubiera superado el tiempo máximo de una detención policial, ordenará la puesta a disposición Judicial inmediata.

  • Juez Competente

En el procedimiento de Habeas Corpus será competente el Juez de Instrucción que se encuentre de Guardia del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; si no se conoce dónde se encuentra la persona, el del lugar en que se produzca la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido.

En los casos de delitos de terrorismo será competente el Juez del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.

En el ámbito de la Jurisdicción Militar será competente para conocer de la solicitud de Habeas Corpus el Juez Togado Militar de Instrucción constituido en la cabecera de la circunscripción jurisdiccional en la que se efectúo la detención.

En los casos en los que la persona privada de libertad sea un Menor, el Juez del Juzgado de Menores que se encuentre de Guardia siguiendo el mismo esquema territorial que en el caso de los mayores de edad.