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¿Cómo se cumplen las Penas de Cárcel?

Para ello hay que empezar hablando del tratamiento penitenciario que se realiza en el centro penitenciario y que según nuestra legislación penitenciaria se basa en un sistema de individualización científica basado en la separación por grados.

Dicho sistema se encuentra regulado en los artículos 59 a 72 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de setiembre, General Penitenciaria (LOGP) y en los artículos 99 a 131 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el reglamento penitenciario.  

PRIMER GRADO

El primer grado supone el cumplimiento en régimen cerrado, esto es que el reo cumplirá solo, en una celda aislada del resto de reclusos, con mayor control y vigilancia y con una posibilidad de acceder a actividades y espacios comunes (como el patio) muy reducida.

Se aplica a los reclusos de peligrosidad extrema y de difícil adaptación al régimen ordinario.

Se utiliza también como sanción, es decir en caso de incumplimientos graves y muy graves de las normas de convivencia del centro penitenciario (como puede ser agredir a funcionarios a otros reclusos, por ejemplo), se pueden establecer sanciones que consistan en cumplir del modo que hemos descrito durante unos días (los días que establezca la sanción, si son más de 14 deberá ser aprobado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria).

SEGUNDO GRADO

El segundo grado de tratamiento penitenciario supone el cumplimiento en régimen ordinario, es el régimen habitual, y supone lo que cualquier persona entiende por “estar en la cárcel”. El Segundo Grado se aplica aquellos presos que, si bien no presentan un historial de especial peligrosidad, se considera que aún no están preparados para la vida en semilibertad.

El cumplimiento será en celdas compartidas con otros reclusos, teniendo acceso periódico a las actividades y cursos formativos que se puedan realizar en el centro penitenciario, así como también a los espacios y salas comunes, con las limitaciones que el centro penitenciario establezca como de normal convivencia.

TERCER GRADO

El Tercer Grado Penitenciario supone la vida en semilibertad y se aplica a reclusos que han demostrado que se puede confiar en ellos para vivir en este régimen.

El Tercer Grado supone la posibilidad de cumplimiento en un régimen abierto, esto es. podrán ingresar en Centros Abiertos o de Inserción Social, en Secciones Abiertas o en Unidades Dependientes, sin controles rígidos y la posibilidad no estar en el centro en horas diurnas y fines de semana para poder trabajar y estar con la familia. En función del estudio que se haya realizado sobre el reo y sus necesidades personales y laborales se elaborará el programa que deben cumplir y en que horarios no deben estar en el centro.

Es perfectamente legal que, tras la primera evaluación, el interno se clasificado en tercer grado, sin embargo, el artículo 104.3 del reglamento penitenciario estable que para ser otorgado antes de cumplir el primer ¼ de la pena deben concurrir todas las variables que se usan para el estudio de personalidad del reo y que se establecen en el artículo 102.2 del mismo reglamento y que dispone lo siguiente:

“Para determinar la clasificación, las Juntas de Tratamiento ponderarán la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento”.

También hay que advertir que en los casos de condenas superiores a 5 años se podrá establecer en la Sentencia condenatoria que no se otorgue el tercer grado hasta el cumplimiento de la ½ de la misma, dicha decisión deberá ser argumentada. En los casos de reos condenados por los siguientes delitos: delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo, por delitos cometidos en el seno de organizaciones o grupos criminales, por delitos sexuales cometidos sobre menores de dieciséis años, o por delitos de prostitución, explotación y corrupción de menores de trece años. Será obligatorio que no se pueda otorgar el tercer grado hasta el cumplimiento de la ½ de la pena.

Finalmente, es también requisito para la clasificación en tercer grado, el pago de la responsabilidad civil, en función de la capacidad económica del Reo, así como lo que presuntamente hubiera obtenido con la comisión del delito por el que fue condenado.

Así en el caso de personas insolventes, o al borde de la insolvencia, se podrá otorgar si han intentado pagar dicha responsabilidad civil, aun cuando los pagos fueran muy modestos, y la promesa de seguir intentando compensar a la víctima.

La necesidad de satisfacer el pago de responsabilidad civiles será aplicada con especial rigor en los casos de condenados por delitos siguientes: delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico de notoria gravedad y hubieren afectado a una generalidad de personas, delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y contra la Administración Pública.

En el caso de condenados por delitos de terrorismo se exigirá también el arrepentimiento, y la realización de determinadas actividades para demostrar que se han abandonado tales métodos.

100.2

Con el fin de hacer el sistema más flexible y ajustado a las necesidades y características personales de cada interno, la Junta de Tratamiento podrá proponer programas y sistemas de ejecución de la pena que combinen las características de los diferentes grados a fin de promover una mejor resocialización del reo.

De este modo un reo que aún no cumpla con todo lo necesario para acceder al tercer grado, pero tenga un pronóstico favorable podrá salir, por ejemplo, a trabajar al exterior o a realizar actividades que le resulten favorables.

será requisito indispensable que tal decisión se funde en un programa de ejecución específico de tratamiento que de otro modo no podría realizarse.

Dicho sistema es conocido en el ambiente penitenciario como “100.2”, precisamente por estar recogido en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

LIBERTAD CONDICIONAL

La libertad condicional supone que el reo queda liberado del cumplimento del resto de la pena, sin embargo, deberá tener presente que dicha libertad puede ser revocada en cualquier momento (hasta el final del cumplimiento de la pena) si no se cumplen las condiciones con las que se otorgó, por lo que debería volver al centro penitenciario a cumplir la pena que todavía quedara; por ello más que de libertad condicional, podríamos hablar de una suspensión condicional del cumplimiento de la pena.

Se concederá la libertad condicional cunado el recluso se encuentre en Tercer Grado (por lo que las condiciones para acceder al Tercer Grado se convierten en requisitos indirectos para acceder a la libertad condicional, cuando se hayan cumplido ¾ partes de la pena y que se observe buena conducta, para ello el Juez de Vigilancia Penitenciaria habrá de tomar en consideración la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.

La duración de la suspensión de dicha pena podrá tener una duración de entre 2 y 5 años, es decir puede ser superior al tiempo que quedaba por cumplir.

Si bien, como hemos dicho, el régimen ordinario es el de tener cumplidas las ¾ partes de la pena, en los casos en los que el reo haya desarrollado actividades laborales, culturales u ocupacionales, de forma continuada o no continuada pero con un aprovechamiento del que se haya derivado una modificación relevante y favorable de las circunstancias personales relacionadas con su actividad delictiva previa, y previa autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria, podrá concederse a partir del cumplimiento de 2/3 partes de la pena impuesta; o sí fue condenado a una pena que no supere los 3 años (y fuera la primera condena) a la mitad.

En el caso de penados que hayan cumplido 70 años (o los cumplan mientras están cumpliendo la condena) o padezcan enfermedades incurables se podrá proceder también a adelantar la libertad condicional.

En otra ocasión hablaremos del régimen disciplinario dentro de los centros penitenciarios.

Contagiar el COVID-19 No es Delito Contra la Salud Pública

Lo de relacionar los Delitos contra la Salud Pública con conductas que podrían ser más o menos incívicas durante la Pandemia que estamos padeciendo se inició en el ámbito propio del tertuliano, si bien últimamente se ha visto a cargos públicos hacer alusiones a tal tipología delictivo en el mismo sentido. Haremos un breve resumen para explicar en qué consisten:

Los Delitos contra la Salud Pública se encuentran regulados en el capítulo III (Delitos contra la Salud Pública) del título XVII (De los Delitos Contra la Seguridad Colectiva) del Libro II (De los Delitos y sus Penas) del Código Penal; artículos 359 a 378.

El catálogo de conductas que aparece en tales artículos permite que las desglosemos en 5 categorías:

  • Fabricación de Sustancias: La fabricación de sustancias nocivas para la salud o productos químicos, o los venda o suministre o comercie con los mismos, sin contar con la debida autorización administrativa o que contando con la misma comercie, distribuya o suministre dichos productos sin cumplir con las formalidades que se prevean en las leyes y reglamentos para ello (artículos 359 y 360).
  •  Medicamentos y Material Sanitario: fabricar, importar, exportar, suministrar, intermediar, comercializar, ofrecer o poner en el mercado, o almacenar con estas finalidades, medicamentos, tanto de uso humano o veterinario como los que estén en fase de investigación sin la necesaria autorización administrativa exigida por la ley o quien haga lo mismo con productos sanitarios que no dispongan de la documentación que se exige para distribuir los mismos o aun cuando se disponga, si dichos productos se encuentran deteriorados, caducados o no cumplan con las exigencias técnicas relativas a su composición y con ello causare un grave daño a la salud o la vida de las personas.

También quien elabore medicamentos o produzca material sanitario engañando sobre su identidad, características técnicas, composición, fecha de caducidad, lugar de fabricación etc.; o bien quien a posteriori modifique el medicamento o el material sanitario alterando cualquier extremo declarado ante las autoridades.

Igualmente, quien venda, trafique, comercie, regale o facilite de algún modo tales medicamentos o material sanitario (artículo 361 a 362 quater).

  • Doping: quien distribuya, venda o simplemente facilite medicamentos o productos químicos sin que haya ninguna razón terapéutica para ello, y con la única finalidad de aumentar el rendimiento deportivo, a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas. (artículo 362 Quinques).
  • Alimentación: La comercialización y/o distribución de productos alimentarios que contengan productos no autorizados, se encuentren corrompidos, sean nocivos para la salud o se hayan omitido o alterado los requisitos previstos en las leyes para su comercialización; siempre que se ponga en peligro la salud de las personas.

También quien utilice aditivos no autorizados o quienes alimenten o den productos no autorizados a animales que luego serán autorizados para el consumo humano.

También quien envenene o adultere con sustancias infecciosas o que puedan ser nocivas para la salud el agua potable o cualquier sustancia destinada a ser consumida por una totalidad de personas. (artículos 364 y 365).

  • Drogas: Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines. (artículos 368 a 373)

Casi todos los delitos comprendidos en este capítulo se categorizan en lo que se denomina ley penal en blanco, es decir para conocer si se ha cometido el delito o no hay que acudir a la legislación que regula las prácticas comerciales del sector del que estemos hablando, así como la legislación que regula la composición química de cada una de las sustancias para conocer si puede hablarse de la comisión de un delito.

El contagio de enfermedades nunca será un Delito contra la Salud Pública, sino que se tratará de un Delito de Lesiones, a este respecto podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo 1218/2011 de 8 de noviembre, o la Sentencia del Tribunal Supremo 690/2019 de 11 de marzo del 2020.

¿Cómo Funciona el Habeas Corpus?

  • ¿Para Qué Sirve?

El artículo 17 de la Constitución Española dispone lo siguiente: “La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional”.  Cumpliendo con el mandato Constitucional, el legislador reguló dicho procedimiento en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas corpus (BOE de 26 de mayo de 1984). ¿Qué es entonces, y para qué sirve, el Procedimiento de “Habeas Corpus”?

El “Habeas Corpus” es una figura jurídica originaria del derecho anglosajón, cuya finalidad es poner a disposición del Juez a toda persona que se halle detenida, con el fin de que dicho Juez se pronuncie sobre la legalidad de dicha detención, y, por tanto, si dicha situación puede continuar o por el contrario si debe cesar de inmediato.

El Artículo Primero de la LO 6/1984 de 24 de mayo (LOHC) establece en que situaciones se puede considerar que una persona ha sido detenida ilegalmente, y, por tanto, en que situaciones se puede instar el procedimiento. Dicho artículo dispone lo siguiente:

“Mediante el procedimiento del Habeas Corpus, regulado en la presente Ley, se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente.

A los efectos de esta Ley se consideran personas ilegalmente detenidas:

  1. Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las Leyes.
  2. Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
  3. Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las Leyes si, transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.
  4. Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las Leyes Procesales garantizan a toda persona detenida”.

Por tanto, es importante tener en cuenta dos cuestiones, el objeto del procedimiento de Habeas Corpus es cualquier situación en la que un ciudadano se halle privado de libertad por parte del poder público, así pues, se puede presentar en situaciones en que dicha privación de libertad no obedezca a la de una detención policial, y en segundo lugar, que el motivo por el que una situación de privación de libertad puede considerarse ilegal no tiene por qué ser el motivo que la originó, sino que la ilegalidad puede ser sobrevenida; Imaginemos que un ciudadano/a se encuentra cumpliendo pena de prisión y llegado el último día de cumplimiento de la misma dicho ciudadano/a no es liberado por un error burocrático o informático, en dicho supuesto se podría presentar una solicitud de procedimiento de Habeas Corpus para ser inmediatamente puesto a disposición del Juez, quien efectivamente dictaminaría que esa persona debe ser puesta en libertad de inmediato. 

  • ¿Quién Puede Presentar la Solicitud?

Según el artículo 2 de la LOHC el procedimiento podrá ser iniciado por las siguientes personas:

  • La persona Privada de Libertad, su cónyuge (o pareja de hecho), sus hijos, sus padres, sus hermanos y en el caso de menores y personas incapacitadas, sus representantes legales.
  • El Ministerio Fiscal.
  • El Defensor del Pueblo.
  • El Juez competente podrá iniciarlo de oficio si tiene conocimiento de la situación.  

Para la presentación de la solicitud de Habeas Corpus, el Abogado no es obligatorio, tampoco el Procurador.

  • Procedimiento.

El Procedimiento de Habeas Corpus, está configurado como un procedimiento de naturaleza urgente y sumaria, así una vez presentada la Solicitud, el Juez Competente valorará la concurrencia de los requisitos para su tramitación y dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante auto, acordará la incoación del procedimiento, o, en su caso, denegará la solicitud por ser ésta improcedente, cuando no nos encontremos ante un supuesto en el que dicho procedimiento se pueda instar, o cuando sea absolutamente obvio que no existe ilegalidad alguna respecto de la situación de privación de libertad. Dicho auto se notificará, en todo caso, al Ministerio Fiscal. Contra la resolución que en uno u otro caso se adopte, no cabrá recurso alguno.

En caso de que se considere pertinente incoar el procedimiento, el Juez ordenara a la autoridad que tenga bajo su custodia a la persona privada de libertad, que la ponga a su disposición (es decir que la lleve a las dependencias de su Juzgado) o si no fuera posible, él mismo irá al lugar en que se encuentre la persona retenida.

Acto seguido oirá a la persona detenida o en su caso a su representante legal o Abogado (si estuviera nombrado) y también a la Autoridad, Agentes de Policía o en su caso Funcionarios que tuvieran bajo su custodia a quien ha instado la solicitud a fin de que expliquen su actuación. También admitirá las pruebas que sean pertinentes y que presenten las partes respecto a la legalidad o ilegalidad de la situación de privación de libertad, pudiendo inadmitir las que no considere pertinentes, las pruebas deberán ser de naturaleza que pueda practicarse en aquel acto (normalmente la declaración como testigo de alguien involucrado y que esté presente o se pueda citar a la mayor brevedad o la lectura de algún documento que las partes aporten en aquel momento).

El Juez deberá deberá pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la detención en un plazo máximo de 24 Horas a contar desde que se dictó el Auto de Incoación, de ahí que hayamos explicado que se trata de un procedimiento de naturaleza urgente y sumaria.

  • Resolución:

Una vez terminado el procedimiento en los términos que hemos explicado, el Juez Tomará una decisión que plasmará en un Auto, y que será una de las siguientes:

  • Considerar que la situación de privación de libertad es conforme a derecho, y por tanto perfectamente legal, con lo que dicha situación se mantendrá en los términos en los que fue adoptada.
  • Considerar que la situación de privación de libertad no es conforme a derecho, en cuyo caso ordenará la inmediata puesta en libertad si considera que la reclusión es Ilegal o si considera que la situación de privación de libertad es legal, pero que se han vulnerado los derechos de la persona privada de la misma, ordenará que se adopten las medidas necesarias para que sus derechos sean respetados, pudiendo incluso decretar el cambio del establecimiento en el que se encuentre interno, o la sustitución del personal que estaba encargado de la custodia.

Si Considera que, además, en dicha infracción de derechos se ha cometido algún delito por parte de los funcionarios actuantes, ordenara deducir testimonio de particulares (esto es remitir una copia del expediente al decanato) para que el Juzgado al que por turno de reparto le corresponda, pueda investigar los hechos de manera independiente).

Si se hubiera superado el tiempo máximo de una detención policial, ordenará la puesta a disposición Judicial inmediata.

  • Juez Competente

En el procedimiento de Habeas Corpus será competente el Juez de Instrucción que se encuentre de Guardia del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; si no se conoce dónde se encuentra la persona, el del lugar en que se produzca la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido.

En los casos de delitos de terrorismo será competente el Juez del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.

En el ámbito de la Jurisdicción Militar será competente para conocer de la solicitud de Habeas Corpus el Juez Togado Militar de Instrucción constituido en la cabecera de la circunscripción jurisdiccional en la que se efectúo la detención.

En los casos en los que la persona privada de libertad sea un Menor, el Juez del Juzgado de Menores que se encuentre de Guardia siguiendo el mismo esquema territorial que en el caso de los mayores de edad.

Oiga, pero esto está prescrito Verdad? (II)

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Como ya se mencionó en nuestro anterior artículo, la institución de la prescripción está íntimamente vinculada con la seguridad jurídica.

Las Penas y las medidas de seguridad también pueden prescribir, es decir, cuando habiendo sentencia firme, por los motivos que fueren la pena no se ejecute, los plazos de prescripción son los siguientes a tenor de lo dispuesto por el Código Penal:

  • A los 30 años, las penas de prisión de más de 20 años.
  • A los 25 Años, las penas de prisión de 15 años o más y sin que excedan de 20.
  • A los 20 Años, las de inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15.
  • A los 15, las de inhabilitación por más de seis años y menos de 10, y las de prisión por más de cinco años y que no excedan de 10.
  • A los 10, las restantes penas graves.
  • A los cinco, las penas menos graves.
  • Al año, las penas leves.

Las penas impuestas por delitos de lesa humanidad, genocidio y los crímenes de guerra no prescriben, tampoco en los casos de terrorismo si hubiera algún fallecido.

El tiempo de la prescripción se computará desde que la sentencia sea firme, o desde el quebrantamiento de la condena si esta ya se hubiere empezado a cumplir y quedará en suspenso mientras se estén cumpliendo otras penas o durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena.

Archivo de la causa seguida contra los vaguistas del 8-N seguida ante un Juzgado de Igualada.

A las pocas horas de que hubiera declarado el último de los investigados citados ante el Juzgado de Instrucción 1 de Igualada se ha notificado a los letrados personados el sobreseimiento provisional de las Diligencias Previas por hechos relativos a la huelga del pasado 8 de Noviembre del 2017 (la llamada Aturada de País).

Ha sido un placer participar en la defensa de dicha causa, y agradecer al resto de letrados/as personados en dichas actuaciones por haberlo hecho posible.

Oiga, pero esto está prescrito Verdad? (I)

reloj-arena-pequeo-5-1376586715La institución de la Prescripción existe para dotar de Seguridad Jurídica, en este caso, para impedir que se juzguen cuestiones cuando por las circunstancias que fuere, no se hizo en su momento, y que pasado cierto tiempo carecería de sentido una sentencia al respecto; o lo que es lo mismo, para impedir que un ciudadano pueda estar toda su vida esperando un juicio, así el Artículo 130 1.6º del Código penal dispone que la responsabilidad criminal se extingue por la prescripción del delito, y el articulo 130.1.7º dispone que la mencionada responsabilidad se extingue por la prescripción de la pena (del segundo supuesto nos ocuparemos en otro artículo); pero cuales son los plazos de prescripción? Veamos;

El artículo 131 del Código Penal dispone que los delitos prescriben:
• A los 20 años, cuando la pena máxima señalada para el delito sea de 15 años o más.
• A los 15, cuando la pena máxima señalada se de prisión por más de 10 años y menos de 15, o cuando la pena sea de inhabilitación (se entiende que para ejercer algún cargo profesión u oficio) por más de 10 años.
• A los 10 Años cuando la pena máxima prevista sea de prisión o inhabilitación por más de 5 años y sin exceder de 10.
• El resto de delitos prescriben a los 5 años, a excepción de los delitos leves (anteriormente conocidos como faltes) y los delitos de injurias y calumnias que prescriben al Año).
Los casos de extrema gravedad como los delitos de Terrorismo y los de lesa humanidad y genocidio son imprescriptibles.
En determinados supuestos, y cuando la víctima sea menor de edad, el computo se iniciará, no al memento de la comisión sino cuando dicha víctima cumpla 18 años, a fin de que pueda alcanzar una madurez suficiente para comprender lo que le ha sucedido, y denunciar en su caso. Tales supuestos son la tentativa de homicidio, el aborto no consentido, lesiones, trata de seres humanos, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad de domicilio.

Los plazos empezaran a contar desde el momento en que se cometió la infracción, y se interrumpirán en el momento en que salga alguna resolución judicial en la que se individualice la responsabilidad (aún de un modo indiciario) sobre alguien en concreto, en el caso de que se produzca el tiempo que hubiera transcurrido no se tomara en cuenta, y se volverá a empezar a contar desde cero; y cada vez que se notifique al investigado o exista alguna resolución motivada e importante en aras a la investigación se volverá a empezar a contar desde cero.

En el caso de interponerse denuncia o querella el plazo quedara en suspenso un máximo de 6 meses hasta que se decida si la denuncia o querella se admiten a trámite, y siempre que se identifique a algún responsable de forma suficiente.

 

¿Cómo se Desarrolla un Juicio en un Juzgado de lo Penal?

Al inicio de la vista, su señoría preguntará a las partes (en primer lugar al Ministerio Fiscal y a la Acusación Particular en caso de haberla y luego el abogado de la defensa) si existen cuestiones previas que quieran plantear las partes y cuya estimación impediría entrar a valorar los hechos objeto de juicio, en todo o en parte, un ejemplo de la existencia de tales cuestiones serían la posible prescripción del delito, que haría innecesario entrar a valorar si el mismo existió o no en su momento, o si alguna de las pruebas se ha incorporado a la causa con vulneración de derechos fundamentales, lo que impediría que la misma pudiera ser valorada en el juicio.

Una vez resuelta la posible concurrencia o no de tales cuestiones el juicio se inicia con la práctica de las pruebas, empezando en primer lugar con el interrogatorio de los acusados (si bien, a criterio del juez, en determinadas ocasiones se hace cuando se han practicado el resto de pruebas).

En segundo lugar se prosigue con las declaraciones de los testigos, quienes irán entrando a la sala de vistas uno por uno, a fin de que no puedan oír la declaración de los otros testigos antes de su propia declaración, pues interesa ver si todos dan la misma versión de lo sucedido o si hay dudas en torno a los hechos, cuestión importante porque en caso de duda se presume la inocencia del acusado. Siempre preguntara primero aquella parte que haya propuesto al testigo, en caso de que todas las partes lo hayan propuesto, primero preguntaran las acusaciones y luego el abogado de la defensa.

En tercer lugar entraran a declarar los peritos especialistas, como por ejemplo son los médicos forenses, a fin de que clarifiquen o expliquen aquellos extremos de sus informes que se consideren relevantes.

En cuarto lugar se practica la prueba documental, si bien en la gran mayoría de Juicios las acusaciones y las defensas se limitan a decir que “dan por reproducida la prueba”, es decir que en sus respectivos escritos de conclusiones provisionales ya señalaron los documentos obrantes en autos que consideraban relevantes, y que reproducen lo manifestado por escrito sin necesidad de leer tales documentos, pues ya tienen copia y conocimiento de los mismos; con ello finaliza el periodo de prueba.

Una vez practicada la prueba, las partes, empezando de nuevo por las acusaciones manifiestan si desean modificar algún el escrito de conclusiones (llamado escrito de conclusiones provisionales) que presentaron con anterioridad al juicio a la vista de la práctica de las pruebas, o si al contrario una vez practicadas las pruebas deseen mantenerlo como están, en cuyo caso se limitaran a decir que elevan las conclusiones “a definitivas”.

Finalmente las partes, de nuevo empezando por las acusaciones y luego los abogados de la defensa, harán un alegato (llamado informe final) explicando porque consideran que su tesis (la condena en los términos pedidos, las acusaciones, y la absolución o una condena más benévola, el abogado) deben prevalecer, por último se da de nuevo la palabra al acusado por si quiere añadir alguna cuestión, quedando el Juicio visto para Sentencia.

 

Como debemos actuar frente a una detención?

A nadie le gusta ser objeto de una detención policial, sin embargo, si por el motivo que fuere un ciudadano es detenido por la policía (con independencia de si se trata de la Guardia Civil, la Policía Nacional, o algún cuerpo policial autonómico), lo recomendable es acogerse al derecho a guardar silencio y no declarar.

Y ello porque en la mayoría de comisarías y dependencias policiales no dejaran que el abogado vea el atestado (al menos el atestado completo) antes de proceder a la declaración, con lo que no podrá aconsejar ni advertir respecto del contenido de la misma.

La amplia reforma del artículo 520 de la LECrim, operada por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica; no ha supuesto más que un cambio lampedusiano en cuanto a la forma de proceder durante una detención (al menos en la provincia de Barcelona).

Por todo ello, el mejor consejo que puede darse al ciudadano que se ve en tal situación es, como decimos, el de acogerse a su derecho a no declarar frente a la policía, y a declarar frente a Su Señoría (siempre y cuando las circunstancias del caso no aconsejen acogerse de nuevo al derecho a guardar silencio en el Juzgado).

Pena de Multa ¿Que significa la Responsabilidad Personal Subsidiaria?

Determinadas figuras del Código Penal establecen que la pena será la de multa, si bien todos entendemos que el concepto “multa” implica el abono de una determinada cantidad económica, las penas de multa que se imponen en las Sentencias Judiciales tienen una serie de particularidades que son desconocidas por la mayoría de ciudadanos, así:

  • En primer lugar, el sistema es el de días-multa, es decir no se impone una cantidad fija determinada por la ley sino que se impone un determinado plazo; por ejemplo multa de 3 meses, la capacidad económica del condenado la que se toma como referencia para  fijar la cuantía. Tomando el ejemplo anterior, la sentencia establecería multa de 3 meses a razón de diez euros al día, pudiendo conocer el total con una simple operación aritmética.

 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 50 del Código Penal, conviene saber que la extensión mínima de la pena de multa será de 10 días y la máxima de 24 meses y que la cuota  será de un mínimo de 2 euros y un máximo de 400 euros (excepto para las personas jurídicas para las que la cuota será de un mínimo de 30 euros y un máximo de 5.000 euros).

  • En segundo lugar, y esto es lo realmente importante, la responsabilidad personal subsidiaria, y es que a tenor de lo dispuesto en el artículo 53 del Código Penal en caso de que la multa no se abone ni voluntariamente ni en vía de apremio, el condenado quedara sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad (esto es, pena de cárcel), por cada dos días de impago; es decir si la multa es de 3 meses, con independencia de las cuotas, y no se paga se verá transformada en una pena de cárcel de 1 mes y medio.

Por Por ello conviene no frivolizar creyendo que si no se abona la multa simplemente terminara con un embargo en la cuenta del banco, por lo que si nos encontramos en esta situación es muy recomendable llevar al día los pagos de la multa impuesta, y en caso de que nuestra situación económica atraviese un mal momento, solicitar el pago fraccionado de la multa, que en ningún caso podrá exceder de 24 meses a tenor de lo dispuesto en el artículo 50.6 del Código Penal.